Consulta previa del anteproyecto de ley de gobierno abierto de la Comunidad Valenciana

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY, DE LA GENERALITAT, DE GOBIERNO ABIERTO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

* El plazo de aportaciones será del 18 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018, ambos incluidos. 

TIPO DE NORMA: Ley de la Generalitat

REFERENCIA:

La Dirección General de Transparencia y Participación somete a consulta pública, prevista en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el proyecto de Ley, de la Generalitat, de Gobierno Abierto de la Comunitat Valenciana.

De esta manera, y antes de que se redacte el texto del anteproyecto de ley, se invita a la ciudadanía a expresar sus opiniones y argumentos sobre la necesidad de esta norma, los problemas sobre los que debería actuar, sus objetivos y las medidas que habría de comtemplar como respuesta a esas cuestiones.

La Dirección General de Transparencia y Participación ha organizado distintos espacios (jornadas presenciales, seminarios, encuestas y estudios, reuniones diversas) donde ya se han podido recoger las principales demandas y expectativas relacionadas con esta ley. No obstante ahora se pueden hacer aportaciones. 

Además, una vez se elabore el texto del anteproyecto de ley, habrá otros plazos de audiencia e información pública en los que se podrán hacer propuestas concretas en relación al texto de la propuesta. 

El plazo de esta fase de «consulta previa» finaliza el próximo 12 de enero y para hacer vuestras aportaciones debéis utilizar el foro que hemos abierto a nuestra página web.

Os animamos a participar tanto en esta fase como en las siguientes del proceso de elaboración de esta Ley.

En el documento que encontraréis a continuación se explica sintéticamente el contenido del futuro anteproyecto de ley.

A) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

Será la norma principal que regule las medidas por conseguir un marco de integridad institucional en la Generalitat, en cuanto a transparencia y participación ciudadana, en el marco de los compromisos del Acuerdo del Botánico de crear un nuevo modelo de gobernanza: el Gobierno Abierto, tratando de:

  • Mejorar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, lo cual motivará la participación real en los asuntos públicos y propiciará una mayor transparencia en la actuación pública.
  • Mejorar la imagen de la Comunitat Valenciana respecto a transparencia y la participación ciudadana favoreciendo un clima de ética en la gobernanza, cuestiones que repercutirán favorablemente en las inversiones en el territorio y la generación de empleo.

Por otra parte, el marco normativo vigente es insuficiente en materia de participación ciudadana para garantizar y potenciar la participación de los agentes sociales y del conjunto de la ciudadanía, requiriendo de mecanismos de participación ciudadana y canales que permiten una participación inclusiva y accesible. 

Se observa también la falta de una auténtica cultura asociativa y de participación ciudadana, manifestándose a través de un latente individualismo y la baja tasa de asociacionismo.

Por último se pretende cambiar la naturaleza jurídica del Consejo de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno para dotarlo de autonomía orgánica (además de funcional) y garantizar su total independencia para cumplir con la voluntad del propio Consejo de Transparencia, así como suprimir las competencias que tiene atribuidas en materia de Buen Gobierno.

B) Necesidad y oportunidad de su aprobación

Desde la entrada en vigor de la ley 2/2015 y la puesta en marcha del portal de transparencia de la Generalitat (GVA Oberta) se han detectado necesarias mejoras tanto manera cualitativa como cuantitativa: el impulso de los datos abiertos, una revisión integral de la regulación del Consejo de Transparencia, la revisión completa del Título dedicado a participación.

En cuanto a la nueva regulación de la participación ciudadana se requiere la necesidad de implementar un marco normativo de la participación ciudadana formal en el ámbito de la Generalitat Valenciana que sirva de referencia, regule y promueva la participación de los agentes sociales y del conjunto de la sociedad como coproductora de conocimiento y políticas públicas y generadora de valor público.

Además, se han de establecer mecanismos de participación ciudadana inclusivos y accesibles que permitan avanzar hacia una democracia participativa, implementando nuevas formas de trabajo, mecanismos y herramientas, tanto presenciales como digitales, que faciliten los procesos participativos. También se implementará un Portal de Participación ciudadana que canalice los procesos y sirva de guía y se potenciará la educación en la participación, fomentando transversalmente la cultura participativa con criterios de intergeneracionalidad y equidad.

También se regulará el apoyo al asociacionismo y la participación de la ciudadanía valenciana al exterior como eje fundamental en una sociedad plural, abierta y globalizada.

Por otra parte, existe la voluntad de enmarcar las materias de la transparencia, el buen gobierno y la participación en un mismo marco más comprehensivo vinculado a la integridad institucional y al derecho de buena administración. Dentro de este marco, se incluirán nuevos aspectos como pueden ser la mejora normativa o la evaluación. La nueva ley de procedimiento administrativo (que establece novedades en relación con la elaboración normativa) y las más nuevas tendencias en materia de integridad y buen gobierno van en esta dirección.

Desde que se aprobó la Ley 2/2015 se ha podido ejecutar y desplegar reglamentariamente, y por tanto se han podido evaluar los puntos positivos, sus límites o los aspectos susceptibles de ser mejorados. 

  • Se han puesto en marcha los órganos de garantía y participación antes inexistentes (Consejo de Transparencia, Consejo de Participación, Consejo de los CEVEX), se ha consolidado la relación con los actores llave de estas materias y se han desplegado los mecanismos técnicos y administrativos para la aplicación de las obligaciones (formación, organización administrativa, ...)
  • Además, se han aprobado un seguido de normas legales y reglamentarias relacionadas con la transparencia, la integridad y el buen gobierno, como son la Ley de Cuentas Abiertas, la Ley de Incompatibilidades, la modificación de la Ley 8/2010 en relación con la grabación de los plenos municipales, la Ley 11/2016 de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción o los decretos del Código de Buen Gobierno, de Desarrollo de La Ley de Transparencia, de regulación de los CEVEX y del Consejo de Participación Ciudadana. 
  • Se está trabajando también en normas que se aprovaran en breve en materias a que hace referencia la Ley 2/2015, como son los Proyectos de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social (art. 50 Ley 2/2015), de regulación de la actividad de lobby y de regulación de la Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas, que contarán cada una de ellas con su correspondiente desarrollo reglamentario. También está tramitándose el Decreto que creará el buzón responsable y de Buen Gobierno.
  • Asimismo, a partir de la Ley 2/2015 y de estas nuevas normas, en la normativa sectorial se han ido estableciendo nuevas obligaciones de transparencia y buen gobierno en ámbitos específicos, y prácticas administrativas adecuadas a este nuevo marco.

En definitiva, aunque ha pasado relativamente poco tiempo, la arquitectura institucional en estas materias ha tenido una evolución muy importante, que ha dado contenido y concreción al gobierno abierto y la buena administración desde varias perspectivas. La nueva ley de gobierno abierto debe ser una pieza llave para establecer con una visión integral sus principios informadores, los derechos y garantías, el código de comportamiento de los cargos públicos y las herramientas de la participación activa de la ciudadanía. Todo a partir de la complementariedad y para precisamente ser de ayuda a las otras normas. Asimismo, permitirá integrar aspectos que van más allá del que establece la vigente Ley 2/2015 y que en cambio ya han sido implementados en la práctica.

C) Objetivos de la norma

  • Integrar las materias de transparencia, participación ciudadana y el buen gobierno en un mismo marco más comprehensivo vinculado a la integridad institucional y al derecho de buena administración. Dentro de este marco, incluir nuevos aspectos como pueden ser la mejora normativa o la evaluación.
  • Regular detalladamente el marco de la participación ciudadana en el ámbito de la Generalitat y el sector público instrumental así como hacer recomendaciones a las entidades locales de la Comunitat Valenciana y también impulsar el apoyo al tejido asociativo y de los centros valencianos al exterior.
  • Regular los mecanismos de participación ciudadana que se pueden implementar.
  • Promover la cultura participativa como forma de profundización democrática.
  • Profundizar en el acercamiento entre la ciudadanía y las instituciones públicas valencianas.
  • Favorecer la colaboración entre la administración autonómica y la municipal en el fomento y realización de procesos de participación ciudadana. 
  • En el ámbito de la transparencia, reforzar las obligaciones de publicidad activa así como definir de nuevas en materias sectoriales, introducir cuestiones cualitativas en el ejercicio de la transparencia, introducir conceptos como la integridad institucional, la imparcialidad o la innovación pública así como reforzar el texto respecto a los datos abiertos y la reutilización de la información.
  • Regular el Consejo de Transparencia para dotarlo de plena autonomía orgánica y funcional y suprimir las competencias que te atribuidas en materia de buen gobierno. Respecto a la supresión de la competencia de buen gobierno habrá que atribuir la a un nuevo órgano, creado específicamente para el control y la garantía del buen gobierno. En este nuevo órgano deberán estar representados todos los agentes sociales de relevancia junto al Administración.

D) Las posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras

La Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunitat Valenciana, en solo dos años, ha sido modificada en cuatro ocasiones. Según el artículo 3.4 del Decreto 24/2009 de 13 de febrero, del Consejo, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, un principio general es que «las disposiciones modificativas deberán utilizarse con carácter restrictivo, debiendo primar la aprobación de una nueva disposición sobre el mantenimiento de la norma originaria y sus posteriores modificaciones». Por tanto, la seguridad jurídica y la técnica y simplificación normativa aconsejan elaborar una nueva ley.

  • La Ley 2/2105 será derogada por la nueva ley.
  • La nueva ley de Gobierno Abierto de la Comunitat Valenciana será el resultado de una evolución natural en la tendencia que la Generalitat ha seguido en su política pública. Parte, por tanto, del contenido y la evaluación de la Ley 2/2015, a partir de la que se ha desplegado la resto de herramientas y mecanismos. Por eso mismo, es posible que la nueva ley siga en algunas partes, particularmente en materia de transparencia, la sistemática y la estructura que ya seguía la Ley 2/2015, precisamente para una mayor seguridad jurídica y porque es a partir de esta que se ha desplegado e implementado por los actores de la Comunitat Valenciana.
  • Las normas desarrolladas hasta ahora, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/2015, permanecerán vigentes en todo lo que no se oponga a la nueva ley. Así, no se derogarán: el Decreto 94/2016, de 22 de julio, por el que se regulan los CEVEX, el Decreto 190/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, el Decreto 56/2006, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, el Decreto 105/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la Ley 2/2015 en materia de Transparencia y el Consejo de Transparencia, el futuro Decreto que regula la Buzón Responsable y de Buen Gobierno.